Gonzalo Reboledo es el Director del IMPO, el Centro de Información Oficial de Uruguay. El organismo es la fuente de información por excelencia en lo que refiere normativas vigentes.
La Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO) es la institución encargada de difundir y dar a conocer la normativa jurídica en el Uruguay. Entre sus objetivos se destaca que garantiza el conocimiento de la producción jurídico-legislativa actualizada del país, desarrolla su accesibilidad y viabiliza el acercamiento de los ciudadanos a esta. También asegura la certeza e imparcialidad en sus contenidos, favoreciendo su reflexión, debate y análisis. Desde su Dirección General, Gonzalo Reboledo propicia que estos objetivos no queden en palabras y lleguen a todos los ciudadanos.
¿Qué es el IMPO?
Una agencia que le resuelve a una buena parte del Estado, su necesidad de impresión contratando y conveniando con imprentas del medio. Asimismo, es responsable de la edición y publicación del Diario Oficial y de múltiples recopilaciones de normas jurídicas.
El IMPO es el archivo oficial de toda la normativa uruguaya, pero, además, difundimos los requisitos legales de muchos trámites en nuestro país y que deben ser publicados en el Diario Oficial de forma oficial y obligatorio, para que la gente pueda enterarse de esos trámites.
En los últimos tiempos también incorporamos una parte importante de nuevos atributos como la gestión y administración de archivos oficiales y legales. Por eso, hoy estamos trabajando para diversas instituciones ayudándolos a sistematizar, organizar y gestionar sus propios archivos.
¿Esta difusión se hace solo de modo impreso o también en formato audiovisual?
Eso depende de las necesidades. Tenemos la capacidad de hacerlo en varios formatos y también incursionamos en el mundo de las imágenes cuando instalamos la pantalla en el frente de nuestra sede. Esta pantalla brinda un servicio a la población ya que emite contenidos informativos, educativos, culturales y de entretenimiento. Así intentamos hacer realidad el derecho humano a la información, a la comunicación y a la cultura.
En esta última elección colaboramos con la Corte Electoral gestionándole toda la informatización del procesamiento de los contenidos de la elección y ayudamos con los cursos de capacitación que se hicieron para los funcionarios y para quienes trabajaron el día de la elección. Se diseñó una plataforma para acceder a una capacitación de forma remota y a distancia, así, en forma simultánea, capacitamos a 80 mil personas.
¿En qué consiste la biblioteca digital que lanzaron el 10 de marzo?
Es una plataforma donde los estudiantes de algunas carreras acceden fundamentalmente a los libros de texto y a algunas obras de ficción. De este modo, el estudiante conforma su propia biblioteca y no solo cuenta con una montaña de fotocopias con una versión parcial de los textos.
¿Cómo surge este proyecto?
Fue durante la presidencia de José Mujica. Me llamó Luis Lacalle Pou, cuando era Presidente de la Cámara de Diputados, y me planteó el problema de las fotocopias y si teníamos una solución. Entonces, me pidió que pensara la alternativa de ofrecer libros electrónicos.
Pou venía de su experiencia con los diarios de sesiones del Congreso donde se imprimía la versión taquigráfica de lo expuesto por cada diputado y se entregaba una versión impresa a los 99 legisladores. Cada legislador luego de leerlo lo descartaba con el gasto de papel que conllevaba. Por eso había ofrecido hacerlo llegar en versión digital. Pero, por problemas burocráticos de la propia Cámara, el proyecto no prosperó. Sin embargo, el Ministerio de Educación se entusiasmó con el proyecto de libro digital y en tres meses se hizo.
Y de este modo ¿se resuelve el problema de las fotocopias?
Hace algunos años se hizo patente una problemática que existe a nivel mundial con este tema. Sobre todo, la vinculada a ediciones y textos. Es cierto que los estudiantes accedían a lo que necesitaban para estudiar a un costo menor, pero quienes producían, editaban y alimentaban la cadena de valor del libro veían sus derechos vulnerados desde los autores, los editores y los distribuidores.
Por eso, la librería digital ofrece a los estudiantes los mismos textos, pero a precios menores que las fotocopias y pagando a los autores el derecho por su producción. Se hizo un convenio con la Fundación de Cultura Universitaria y acordamos un pago por los derechos y vendíamos y vendemos esos textos hasta el día de hoy en formato electrónico. Como se necesitaba una Tablet, realizamos un convenio con el Banco de la República para que los estudiantes pudieran acceder al dispositivo con un costo muy bajo.
¿Cómo impactó en los estudiantes?
En algunos lugares nos fue muy bien y en otros nos cuesta más ingresar. En Derecho, hoy los estudiantes llevan los contenidos que corresponden a varios ejemplares guardados en un dispositivo que apenas pesa y ocupa un espacio mínimo.
Es cierto que hay una cultura de la lectura en formato papel que todavía no evolucionó como para que todos tengamos la misma comodidad de estudiar en digital. Creo que habrá un tiempo largo durante el cual seguirán conviviendo los dos sistemas. Mientras los jóvenes necesitan el multiestímulo para estudiar, todavía hay varias generaciones que prefieren el papel. Hay que estar atento y entender que cada formato tiene su nicho y pueden convivir perfectamente.
¿Qué es para IMPO la responsabilidad social?
Por la propia naturaleza de nuestra institución, tenemos un área muy importante de Responsabilidad Social. Nosotros hemos llevado adelante campañas que buscan que la normativa sea accesible a la ciudadanía. Para la ciudadanía, la normativa era inaccesible o con dificultades de acceso porque costaba dinero y se encontraba en un solo lugar. Además, estaba escrita en un lenguaje no siempre entendible. Lo que hicimos fue desarrollar un programa que traduce las normas y leyes a un lenguaje fácilmente comprensible para todo ciudadano. Eso es, desde nuestro punto de vista, responsabilidad social porque democratizamos el acceso a derechos, porque las normas, entre sus muchas cualidades, también significan derechos.
¿Cómo ves el rol del empresariado privado en su responsabilidad con la comunidad?
Creo que hay una evolución clarísima. El empresariado uruguayo tradicionalmente no era muy emprendedor ni de tomar riesgos, pero últimamente se nota una mentalidad más innovadora y de estar atentos a lo que pasa en el mundo. En lo personal, me gustaría que hubiera más velocidad y compromiso con la propia sociedad.
Creo que el Uruguay de fines del siglo XX tiene muy poco que ver con este. Gracias al clima y la naturaleza ponías unas vacas en el campo y se criaban solas, no era rentable ponerle valor agregado. Pero de un tiempo a esta parte ha habido un cambio en la matriz de los empresarios y hoy se nota una preocupación por ubicar a nuestro país y productos en lugares más rentables. En diez años pasamos de un comercio internacional con 60 mercados al actual, con más de 180. Eso implica no solo un Gobierno activo, sino también un empresariado que entiende lo que el mundo quiere y lo que hay que producir para colocar sus productos.
El día que te encuentres en otro lugar ¿cómo te gustaría que fuese recordada tu gestión en IMPO?
Como alguien que se preocupó por incorporarle vida a una institución cuya tarea solo era imprimir leyes. Un funcionario que le incorporó imagen y sonido, pero, sobre todo, que trató de acercar la gestión a la ciudadanía e intentó democratizar el acceso de todos. Mi mayor orgullo es que busqué abrir la gestión al ciudadano y poner el centro en la gente.
