En el marco del XIII Congreso Internacional de Economía y Gestión “ECON 2019”, se llevó a cabo el panel Argentina en OCDE: oportunidades de negocios sostenibles. Desde la implementación de las Directrices OCDE hasta el proceso de incorporación. Organizado por el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social (CENARSECS), tuvo lugar el pasado 2 de octubre, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en la Ciudad de Buenos Aires.
Presentado por el Lic. Julián D’Angelo, Coordinador Ejecutivo del CENARSECS, el panel estuvo conformado por Embajador Eduardo Tempone, Director de la Dirección Nacional de Relaciones Económicas Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación y Titular del PNCA (Punto Nacional de Contacto Argentino para Líneas Directrices de la OCDE); la Dra. María José Alzari, Asesora Senior en Empresa y Derechos Humanos, Area Legal & Compliance, del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible y el Dr. Juan Carraza, Jefe de Gabinete de la Subsecretaría representante ante la OCDE del Ministerio de Hacienda de la Nación. Además, el Dr. Héctor Larocca, Director del CENARSECS, se encargó de las palabras introductorias y agradecimientos finales del evento.
A su turno cada uno de los disertantes se refirió tanto a las Líneas Directrices de la OCDE como a la función de los Puntos Nacionales de Contacto, encargados de favorecer la eficacia de las LDEM en cada país adherente, así como también a las guías de debida diligencia, recomendaciones sectoriales que ayudan a las empresas a identificar y responder a los riesgos de impactos adversos que pueda generar su actividad.
Así, el Embajador Eduardo Tempone partió del entendimiento de que la operatoria de las empresas multinacionales en el extranjero tiene una función importante en el desarrollo económico de un país, pero, de la misma manera, puede causar efectos adversos, teniendo impacto en áreas donde hay un interés comunitario, como pueden ser los Derechos Humanos, el medioambiente o los intereses del consumidor, entre otros ámbitos que son de incumbencia de las LDEM. Señaló entonces que: “Las líneas directrices tratan de balancear lo que es el beneficio de la operatoria de una empresa multinacional con los intereses comunitarios. Son de naturaleza voluntaria, sin embargo cuando un Estado se adhiere a ellas debe establecer de forma obligatoria un punto nacional de contacto, una oficina donde la comunidad, un ciudadano, un sindicato, una ONG pueda presentar los reclamos frente a un supuesto prejuicio o un supuesto incidente negativo que se haya derivado de la actividad de una compañía multinacional”.
