Se realizó un encuentro abierto a toda la ciudadanía en el que se hicieron propuestas para mejorar estos accesos y fomentar la participación pública.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio de Relaciones Exteriores impulsaron un diálogo sobre el acceso a la justicia y la información ambiental y la participación pública durante un taller donde participaron diferentes actores de la sociedad civil, como funcionarios, ciudadanos interesados en la materia u organizaciones no gubernamentales.

El encuentro se realizó en el Ministerio de Relaciones Exteriores y busca mejorar el compromiso asumido por nuestro país en la Cumbre de Río de 1992. La apertura del taller “Iniciativa Principio 10 en Argentina: acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia ambiental” estuvo a cargo de Dolores Duverges, subsecretaria de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio del Ministerio de Ambiente.

“El Principio 10 de Río establece que los estados deben ´facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos´. A su vez, expresa que se debe asegurar ´un acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos por parte de la ciudadanía en materia ambiental, todo eso vinculado al reconocimiento de que la mejor manera de atender la problemática ambiental es con la efectiva participación de todos los interesados”, dijo Duverges.

Todos los que asistieron tuvieron la oportunidad de expresar sus opiniones y compartir sus experiencias en grupos de trabajo, generando, así, insumos que servirán de aporte en el proceso de construcción regional de un acuerdo para América latina y el Caribe.

Con miras a la próxima instancia de negociación del 8 al 12 de agosto, en República Dominicana, se analizaron los temas pendientes de discusión del Instrumento regional. “Este taller sirve como un espacio de trabajo constructivo en donde las diversas miradas coadyuven a una mejor labor -explicó Dolores Duverges-. Para el Ministerio, el acceso a la información y a la justicia ambiental, así como también la participación pública, son pilar fundamentales para llevar adelante las decisiones en materia ambiental”.

De los paneles participaron María Eugenia di Paola, coordinadora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Juan Vila, jefe de Gabinete de la subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto del Ministerio de Modernización; Gustavo Maurino, director nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; María Inés Zigarán, presidenta del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) y Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Argentina de Recursos Naturales.
El cierre del encuentro estuvo a cargo de Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del Ministerio, quien destacó la gestión del Ministerio, que asocia la agenda ambiental con los derechos humanos.

“Este taller es una puesta en marcha de los instrumentos de la Ley General del Ambiente en relación con la agenda actual”, dijo Moreno, que además contó que están trabajando en el armado del Informe Ambiental Anual 2016 que van presentar a principios de 2017 y que reflejará la situación ambiental de nuestro país.

El Principio 10

La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992, contempla 27 principios que buscan garantizar el derecho de todos los ciudadanos, y de las generaciones venideras, a un ambiente sano y sustentable.
El proceso regional hacia un acuerdo sobre el Principio 10 se inicia en junio de 2012 con la adopción de la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo en América Latina y el Caribe en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20). En la Declaración, los países se comprometieron a avanzar en la consecución de un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.