En pocos días la ciudadanía argentina vuelve a las urnas para las elecciones legislativas de medio término, en las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Estaremos también en la antesala de la definición final, en el paso previo de una decisión de gran importancia: nuestros próximos representantes en el Congreso de la Nación Argentina.
Los procesos democráticos siempre son procesos que se celebran. Son procesos en los que la importancia de la participación ciudadana y el compromiso por el futuro adquieren una responsabilidad tangible. Hoy más que nunca ese compromiso individual tiene que traducirse en sociedades que trabajen en conjunto, que exijan políticas gubernamentales a la altura de las circunstancias que la crisis ambiental y climática demanda. Como votantes tenemos la responsabilidad de involucrarnos, conocer a los candidatos y candidatas, analizar sus posturas, y elegir a conciencia. Como aspirantes a las bancas legislativas, tienen el deber crucial -ante los desafíos sociales, económicos y ambientales del contexto- de generar propuestas que incluyan la variable ambiental en sus políticas públicas y en sus plataformas, pensando en el presente y en el futuro de nuestro país.
En Argentina, y de acuerdo a una encuesta realizada por la Fundación Vida Silvestre, el 89% de la población asegura que el estado de salud del ambiente afecta a las personas y a los modos de vida. Es decir que existe una ciudadanía preocupada por los problemas ambientales, que exige que la falsa dicotomía desarrollo/ambiente llegue a su fin y sea reemplazada por modelos que achiquen las brechas entre producción y conservación. Muchas problemáticas sociales y económicas derivan de las malas decisiones en cuestiones ambientales, que responden a la visión de un supuesto progreso que nunca llega, y que nos alejan de un verdadero desarrollo.
Es claro que estamos en deuda con los recursos naturales que utilizamos, y debemos hacer frente a numerosos desafíos para alcanzar un desarrollo sostenible. Las políticas y prácticas ambientales deben asegurar la equidad en el acceso a los recursos naturales, el respeto por los derechos humanos y la protección de la biodiversidad, que es la base del sistema productivo, para garantizar su eficiencia. La vara es alta: los futuros representantes que finalmente ocupen su banca en el Congreso de la Nación tienen que dar el primer paso y poner sobre el escaño propuestas concretas, que activen normativas pendientes para que nuestro país puede hacer frente a los desafíos climáticos y de pérdida de biodiversidad de manera planificada, contemplando aspectos económicos, sociales y ambientales. En los próximos años la agenda del Congreso de la Nación debe avanzar en políticas ambiciosas, trabajar para alcanzar acuerdos políticos, extremadamente necesarios, y llevar adelante acciones creíbles, que permitan un desarrollo basado en el uso responsable de nuestros bienes y servicios naturales, sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones.
El Congreso argentino es un órgano colectivo y deliberativo; precisamos entonces compromisos de alto nivel político, que estén a la altura de los retos de estos tiempos. Conocemos los problemas y las soluciones, llegó el momento de convertir esta nueva conciencia en acción: impulsar un cambio transformador hacia una sociedad más equitativa que camine hacia la sostenibilidad real y con representantes que puedan cumplir con estas expectativas.