No es novedad que la agenda 2030 parece estar más lejos y a la vez más cerca que nunca. La misma ONU ha monetizado el financiamiento necesario para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a tiempo: 300 billones de dólares. Una cifra no solo difícil de visualizar, sino también imposible de reunir solo con fondos públicos o filantrópicos. Es tal la envergadura de los cambios que hacen falta que dichas vías de financiamiento ya no alcanzan. El sector privado tiene allí una carta que jugar y la buena noticia es que, según importantes organizaciones internacionales, si se logra movilizar el 1% del capital financiero global hacia el triple impacto podríamos traccionar gran parte de esa brecha.

Ahora bien, ¿cómo hacer para achicar esa brecha que además de financiera también es política y de confianza? Parecería que promover iniciativas de articulación innovadoras ya no es suficiente. Por eso el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) y el Centro de Investigaciones Municipales Aplicadas (CIMAofrecen una herramienta clave para transformar al sector privado, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y a los gobiernos municipales y provinciales en verdaderos aliados para el desarrollo: los Incentivos de Bien Público.

Los Incentivos de Bien Público son instrumentos de política pública que construyen consenso sobre las prioridades locales y reconocen a las empresas que contribuyen a solucionar esos problemas con una serie de beneficios, a través de un proceso de gobernanza participativa. Se detallan en el documento “Incentivos de Bien Público. Lineamientos conceptuales y pautas para la implementación”, una guía que contiene reflexiones y propuestas concretas para desarrollarlos en ciudades y colaborar en la construcción de marcos legislativos a nivel nacional.

Es el trabajo que surge del Laboratorio de Políticas de Articulación, un proceso de diálogo entre referentes de empresas, OSC y funcionarios públicos de diferentes niveles organizado por el GDFE y CIMA, que incluyó entrevistas bilaterales y encuentros presenciales multiactorales.

¿Cuál es la oportunidad de los incentivos? Salir de la lógica de “castigar” y comenzar a “premiar” a las empresas más responsables de sus comunidades e involucrar a las que aún no se han comprometido para traccionar con mayor efectividad a un sector privado que hoy tiene la capacidad de ser el actor diferencial en materia de financiación.

El documento pretende romper con algunas de las barreras existentes y con la desconfianza que por lo general existe entre gobiernos municipales y empresas con un primer paso fundamental: esgrimir puntos de encuentro que sean posibles de sostener en el tiempo y que permitan avanzar buscando el desarrollo de las comunidades desde una vocación renovada para crear más y mejores bienes públicos.