Por Natalia Hanftworzel – Fundación Metropolitana

En los últimos años, las políticas públicas diseñadas en materia de transporte por los gobiernos latinoamericanos han contemplado, como variables relevantes, el cambio climático y la agenda ambiental. La pregunta actual es ¿se están implementando acciones que consideren prioritaria la agenda 2030 y cómo funciona su aplicación en espacios metropolitanos? Basta con contemplar, por ejemplo, que en las grandes zonas urbanas como Montevideo, Ciudad de México, la región chilena del Gran Santiago o el AMBA argentino, la densidad poblacional es considerada muy alta, ya que se concentra, en promedio, el 30% de la población total de esos países.

Los datos demográficos permiten entender la información de la movilidad urbana: en el AMBA, por ejemplo, el transporte colectivo (trenes, subte y buses)  moviliza el 40% de los 35 millones de viajes diarios, mientras que el transporte individual (autos, motos, taxis y bicicletas) corresponde al 51%, a la vez que el resto -9%- pertenece a los desplazamientos realizados a pie. En cuanto a la desagregación, el transporte urbano del área se compone de servicios de buses con amplia cobertura geográfica que totalizan una extensión superior a los 63.800 km de rutas, además de 6 líneas de subte y 7 líneas de trenes suburbanos, con una red de 828 km que unen más de 250 estaciones con 4 terminales.

El dato de transporte colectivo es mayor en la vecina área metropolitana de Montevideo, ya que representa el 54% de los viajes diarios realizados. En esta misma línea, el transporte colectivo en Santiago de Chile ocupa un 35% del total de los viajes diarios del área, nivel equiparable a los viajes hechos a pie. Pero es importante destacar que, del total de los viajes motorizados de esta área, el 58% se realizan en transporte público. Los datos evidencian especialmente también que, en la Ciudad de México, el transporte público es un servicio que requiere particular atención en los planes de movilidad urbana: de casi 49 millones de viajes diarios, más de la mitad se realizan en buses, trenes y subterráneos.

Movilidad y agenda ambiental

A través de la denominada Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Naciones Unidas se comprometieron a cumplir en ésta década, diversas metas entre las cuales se destaca el cuidado del medio ambiente y todas sus aristas.  La movilidad urbana es uno de los principales asuntos a analizar y replanificar: en 2010, el 73% de las emisiones de CO2 en América Latina provenientes del transporte correspondió a la modalidad terrestre, tanto de cargas como de pasajeros. Esta tendencia se repite a escala global, con superior incidencia en países más desarrollados que poseen mayor cantidad de vehículos motorizados por cantidad de habitantes.

Por otro lado, las emisiones de GEI -gases de efecto invernadero- generan grandes problemas que, en el trajín de las agendas políticas diarias, parecen muchas veces quedar en segundo plano: la contaminación que proviene del uso de vehículos ocasiona graves trastornos de salud en las poblaciones locales, particularmente en áreas urbanas; la presencia de smog en grandes ciudades es, lamentablemente, un color del paisaje.

Esta realidad obliga a indagar en todas las innovaciones posibles que aporten a la descarbonización del transporte en las grandes ciudades latinoamericanas. Este proceso apunta a disminuir y hasta eliminar el consumo de combustibles fósiles que emiten carbono, lo cual indudablemente lleva a dos acciones básicas: la utilización de combustibles alternativos y la aplicación de políticas que promuevan las vías alternativas de movilidad sustentable.

Los vehículos motorizados emiten diversos contaminantes: material particulado (el cual puede penetrar dentro de los pulmones), gases de contenidos tóxicos (que afectan al sistema respiratorio, al corazón y otros órganos vitales) y gases de efecto invernadero, que son aquellos que componen gran parte de las fuentes de calentamiento global. A rasgos generales y según una investigación conjunta de CONICET, UTN y UNSAM, Argentina se ubica en la posición número 28 de una lista de 220 países que producen más emisiones atmosféricas contaminantes a nivel mundial, y la mayor fuente de estas emisiones es efectivamente el transporte.

Los gobiernos de grandes áreas metropolitanas deben indefectiblemente redoblar sus esfuerzos en cuanto a la concreción de agendas de trabajo para ciudades con movilidad sostenible. Una de las acciones tomadas que ha sido replicada en distintas zonas del mundo es el sistema BRT (por sus siglas en inglés, Bus Rapid Transit), conocido en nuestro país como Metrobús. En el AMBA, este sistema de carriles exclusivos para colectivos fue inaugurado en mayo de 2011, y cuenta actualmente con 17 corredores distribuidos en la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Nueve años antes, en 2002, Santiago de Chile inauguró la actual Red Metropolitana de Movilidad, que integra servicios de buses con el metro y el servicio de tren suburbano. Este sistema es un pequeño paliativo temporal que coopera pero no es en absoluto suficiente.

Al margen de aquellos ejemplos de políticas de movilidad implementadas, es imprescindible que las gobernaciones de áreas urbanas de gran concentración poblacional planifiquen y ejecuten acciones basadas en los objetivos de la agenda ambiental adaptadas a su realidad local. La densidad poblacional, y la consecuente movilidad diaria, constituyen un dato duro que sin dudas continuará creciendo.

La situación en el AMBA

Desde hace un año, la pandemia y consecuente cuarentena generaron un repentino reconocimiento del denominado AMBA: Área Metropolitana de Buenos Aires. Esta zona urbana está conformada por la CABA y 40 municipios circundantes de la provincia de Buenos Aires, por lo que sus límites se visibilizan como el Río de la Plata y una línea imaginaria trazada en la Ruta provincial 6. Con una superficie de 13.285 km2, es la megalópolis más grande de la República Argentina, se mantiene en constante crecimiento y en ella habita más del 37% de la población total del país.

Gobernadas en la actualidad por partidos políticos opositores, la CABA y la Provincia de Buenos Aires cuentan en el AMBA con una de las redes de transporte metropolitano más grandes de Latinoamérica: un servicio ferroviario que tiene más de 800 km de extensión.

En el año 2019, y a partir de datos obtenidos por la información que recopilan las tarjetas SUBE -Sistema Único de Boleto Electrónico-, se comprobó que en el AMBA se realizan por día cerca de 1,7 millones de viajes cortos (menores a 5 km), lo que involucra el traslado de cerca de 760 mil personas. Si se analiza conjuntamente este dato y la obligatoria disminución en el uso del transporte público que ha generado la pandemia, se concluye que es imperativo el empleo de políticas de movilidad que redistribuyan los modos de transporte para este tipo de viajes, focalizadas en la toma de decisión e inversión en nuevas infraestructuras que favorezcan la adopción de alternativas al transporte motorizado como el uso de bicicleta, monopatines eléctricos y recorridos a pie.

La contaminación proveniente de la quema de combustibles fósiles que utilizan los vehículos motorizados ya no está en discusión. De acuerdo con un estudio de la Organización Mundial de la Salud, el aire de Buenos Aires contiene una media anual de partículas 40% superior al nivel considerado como “seguro” por la propia OMS. Este mismo organismo reitera que, además de afectar al sistema respiratorio, la polución del aire genera severos problemas cardiovasculares y cerebro vasculares.

Las políticas públicas de movilidad urbana requieren indefectiblemente una toma firme de decisiones guiadas por la agenda ambiental que, como puede entenderse a partir del planteo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, apunta además a diversas metas de aspectos sociales y sanitarios. Es urgente trabajar hacia la movilidad urbana sostenible; promover los viajes no motorizados, en simultáneo con el uso de combustibles alternativos que produzcan energía más eficiente y menos emisiones, como pasos fundamentales. El recorrido hacia la movilidad urbana sostenible en el AMBA corresponde a un camino que necesitará de la articulación y labor conjunta del sector privado y el público, independientemente de los colores políticos. Estas diferencias no impiden la circulación masiva diaria y sus consecuencias.