Julián Hecker: Fortalecer la capacidad productiva industrial

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En el marco del trabajo realizado por la Secretaría de Industria, Economía del
Conocimiento y Gestión Comercial Externa, la Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores es una herramienta clave para el crecimiento de la industria de nuestro país. “El objetivo principal de Compre Argentino es potenciar las compras públicas como factor para el desarrollo de la industria nacional, mejorar sus capacidades productivas y ampliar la posibilidad de exportar”, dice el economista Julián Hecker, Director Nacional a cargo. Por
su parte, el Programa de Desarrollo de Proveedores, que tiene rango de ley, busca “el desarrollo de proveedores nacionales en sectores estratégicos, su conexión con la oferta de las compras públicas y con las cadenas de valor globales”. En la entrevista, Hecker –que dice sentirse feliz trabajando en esta Dirección– se explaya sobre el funcionamiento de ambas herramientas y habla de algunos de los proyectos seleccionados.

¿Cómo definirías sucintamente el Compre Argentino?

El Compre Argentino es un régimen que establece varios beneficios que priorizan la oferta de bienes nacionales por sobre la oferta de bienes importados.

¿Cuáles son los puntos principales de esta ley?

Uno de los puntos clave es el margen de preferencia. Cuando las empresas del Estado y las concesionarias de servicios públicos compran bienes, tienen que aplicar un margen de preferencia del 8 por ciento si se trata de bienes ofrecidos por grandes empresas nacionales y del 15 por ciento si se trata de bienes ofrecidos por micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) nacionales. Otra característica es la revisión de pliegos: todas las licitaciones de administración pública o de empresas públicas superiores a 240 millones de pesos pasan a revisión antes de ser publicadas. Nuestra misión es corroborar que no haya un direccionamiento que perjudique la oferta nacional.
También se incorporó un margen escalonado para productos que no llegan a ser nacionales porque no cumplen con la regla de origen nacional que exige un 60 por ciento de valor agregado local, pero que igual cuentan con componentes locales. Por ejemplo, un producto que posee un 20 por ciento de valor agregado local no es nacional para el Compre Argentino, pero de todas maneras tiene un cierto margen de preferencia por sobre
el importado.

La ley contempla también acuerdos de cooperación productiva. ¿Cómo los implementan?

Son acuerdos de cooperación entre un oferente de un bien importado de un alto monto y empresas locales. Por ejemplo, cuando el Estado realiza compras grandes, como trenes, una central nuclear, máquinas, paquetes de medicamentos, vacunas, etcétera a un oferente extranjero, este tiene que hacer o una compra nacional o una transferencia de tecnología a una empresa nacional o bien una inversión productiva en una empresa argentina, por un valor del 20 por ciento del monto de la venta. Estamos trabajando con acuerdos muy importantes que nos dejarán alrededor de 2000 millones de pesos. Y sabemos que pronto se van a presentar nuevos. Es una herramienta muy potente que empuja inversiones locales por montos muy altos, porque apunta a las contrataciones altas.

¿Se prevén modificaciones para la ley?

Sí, nosotros elaboramos un nuevo proyecto con modificaciones que vamos a enviar al Congreso para su tratamiento en comisión. Ahí planteamos ampliar el margen de preferencia (a un 20 por ciento para el caso de las mipymes y a un 15 por ciento para el caso de las grandes empresas). También incluimos un concepto que se llama “bienes estratégicos”. Para esos bienes, planteamos la posibilidad de generar algunas reservas
de mercado que tengan una temporalidad de seis meses o un año (determinada por la autoridad de aplicación junto con Jefatura de Gabinete de Ministros). El objetivo de esa reserva de mercado es zanjar los casos en que hay un organismo contratante, como puede ser Belgrano Cargas, que quiere desarrollar un bien (por ejemplo, piezas de reposición para los trenes) y tiene el problema de que no sabe si le va a poder comprar al proveedor local porque este queda fuera del margen de preferencia hasta lograr la escala necesaria, y Belgrano Cargas no puede asegurarle la escala necesaria hasta no probar esa pieza.
En ese caso, se genera un problema en donde el potencial oferente no quiere invertir porque no sabe si va a ganar, y el comprador no puede asegurarle la escala con la cual ganaría el margen de preferencia. Entonces, para destrabar esto, le ofrecemos al organismo contratante una reserva de mercado por un período para que el oferente sepa que se va a comprar nacional por un tiempo.

¿De qué se trata el Programa de Desarrollo de Proveedores, la otra parte de la ley?

Es un programa que les da facilidades a empresas que abastecen a sectores estratégicos de la industria. Brinda asistencia técnica (por parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial –INTI–, entre otros). También da subsidios de tasa de interés para créditos otorgados por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) o por el Banco de la Nación Argentina (BNA) por 20 millones de pesos (monto que se va a ampliar en 2021) por un plazo de hasta siete años con un año de período de gracia, y, por último, da aportes no reembolsables de hasta 30 millones de pesos (que también van a ser más en 2021) para proyectos de inversión, siempre que representen hasta el 70 por ciento del total de la inversión.

¿Se favorece a la industria 4.0?

El programa otorga dos puntos adicionales en la bonificación de tasa para los proyectos que incluyan industria 4.0 (robótica, blockchain, inteligencia artificial). Por ejemplo, hay una empresa de reparación de productos mineros que está incorporando industria 4.0 para tener un seguimiento de principio a fin de las piezas que repara, mediante unos sensores.

¿Qué tipo de proyectos se beneficiaron este año?

Este año fue muy importante para el programa. Evaluamos 200 proyectos, de los que quedaron 100. Asistimos a muchos sectores. Definimos como estratégicas algunas cadenas de valor como la de salud (fármacos, equipamiento y productos médicos), petróleo y gas, nuclear, energía sustentable, distribución de energía eléctrica, energía hidroeléctrica, industria ferroviaria, naval, aeroespacial, transporte y movilidad eléctrica (que incluye baterías de litio, bicicletas eléctricas, proyectos de autos eléctricos). Trabajamos con autopartistas de autos y de motos nacionales cuyos proyectos están en función de una estrategia para favorecer la integración local.

¿Cómo eligen qué sectores se van a beneficiar?

Hacemos un trabajo en conjunto con otros ministerios, con organismos contratantes del Estado, con empresas públicas y privadas. Buscamos una asistencia integral entre la aplicación de regímenes que tiene el Estado, la asistencia que brinda el programa y la estrategia de cada empresa. Por ejemplo, con empresas del sector petrolero estamos trabajando en el desarrollo de su línea de proveedores. Buscamos evaluar aquellos que
permitan sustituir alguna importación o exportar, pero que además tengan cierto nivel de salto tecnológico. Entonces muchos de los sectores o rubros que elegimos (a veces trabajamos con tipos de bienes, no solo con cadenas de valor) son en general no tradicionales o no masivos en la industria, y responden a una visión estratégica del Ministerio y de otras áreas. En el sector aeroespacial, hay un proyecto con el Ministerio
de Defensa, con las distintas fuerzas, con Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (FAdeA), que es la empresa de aviones del Estado, y con otros proveedores para fabricar dos aviones, para el Ejército y para la Armada, y que además tienen salida exportadora. Uno es el IA100, un avión de instrucción inicial liviano, y el otro es un avión a jet. Tenemos proyectos en el sector nuclear, con Nucleoeléctrica Argentina; también con la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), con Belgrano Cargas, con Trenes Argentinos, con ADIF (empresa del Estado de mantenimiento y desarrollo de infraestructura), con el INTI, con otras universidades, con cámaras empresarias de fabricantes. Elegimos estos proyectos porque generan muy alto valor agregado, porque hay capacidades locales y porque estamos en conjunto con estos organismos.

¿Cómo beneficia el programa a las pymes?

Nosotros trabajamos con proyectos y priorizamos el proyecto. Hay algunas empresas muy chicas, pero que tienen un gran valor agregado. El impacto del programa en estas empresas es muy importante, porque poseen poco financiamiento, necesitan ser apadrinadas para acceder a una inversión o pegar un salto en inversión productiva.
Entre el aporte no reembolsable de 30 millones más un crédito a tasa bonificada de 20
millones (montos que se amplían en 2021), la micropyme puede pegar un salto muy importante. Puede comprar matrices, un bien de capital, hacer desarrollos. A esto se suma la asistencia del INTI, que puede consistir en capacitación del personal, ensayos, consultoría de organización de la planta, trabajos sobre el scrap (la chatarra), el manejo de los stocks, el layout, etcétera. Tenemos muy buen feedback de las empresas, que haciendo cambios chicos, sin mucha inversión, mejoran mucho la productividad.

¿Hacen un seguimiento de los proyectos?

Sí, las empresas tienen una rendición obligatoria y después una evaluación final por parte de nuestro equipo y del INTI, en donde se va a medir el impacto de la inversión y se controlará que se hayan seguido los pasos estipulados en el proyecto. Nos interesa mucho contar con una medición de la asistencia que estamos haciendo para ver el impacto de los programas.

¿Cómo influyó la pandemia en el trabajo?

La pandemia nos complicó mucho. Habitualmente tenemos un trabajo de mucha visita a las empresas en territorio, para ver la planta. Queremos conocer la planta junto con el INTI, que hace una evaluación paralela a la nuestra. Ahora todo es por videoconferencia, pero conocer el proyecto de primera mano es muy diferente a hacerlo virtualmente. También complicó mucho la difusión del programa.

¿La pandemia cambió algo en cuanto a los sectores que eligen beneficiar?

Ya teníamos incorporado el sector salud, pero lo priorizamos por la emergencia. Hicimos un panel con fabricantes y demandantes para ver cuánto podía ofrecer la industria de cada elemento, desde el que fabrica la tela del barbijo hasta el distribuidor. También con camas, respiradores y demás insumos.

Y supongo que habrá habido menos proyectos.

Algunos sectores con los que teníamos buenas perspectivas se frenaron hasta julio o agosto por problemas en las cadenas de pago, por las perspectivas de recuperación económica. Pero ya en agosto empezó a haber muchos proyectos. Por ejemplo, en el sector de petróleo y gas había un panorama internacional de caída total, pero al final fue el sector en el que más proyectos tuvimos.

¿Hay algún proyecto que quieras destacar?

Estamos trabajando en un proyecto interesante de bicicletas eléctricas. Incluye las baterías, la bicicleta en sí, la electromecánica. Participan tres cámaras empresarias, con un nivel de integración apoyado por el Programa de Desarrollo de Proveedores, pero también de forma conjunta con el Ministerio y con estrategias de política industrial. Hay otro proyecto a punto de salir, que está siendo evaluado, en una estrategia de recuperación de la industria naval pesada. Generamos crédito para la demanda de buques argentinos. Apuntamos a que se recupere esa demanda, que hoy tiene una buena salida para pesqueros, pero no para remolcadores y empujadores para hidrovía, barcazas, dragas, etcétera. Estamos generando una línea de crédito que va a beneficiar a esta industria, y que tiene una línea especial que es para remolcadores impulsados por gas natural licuado (GNL), que reemplaza a combustibles pesados (gasoil, fueloil) y que provoca un 85 por ciento menos de emisiones de dióxido de carbono en el ambiente y baja un 25 por ciento el costo operativo de los barcos, lo cual a su vez mejora los costos logísticos y operativos navales argentinos. Así, se favorecen astilleros privados y públicos, empresas que brindan el combustible y ponen la planta de licuefacción cerca del río para abastecer a los barcos,
los proveedores de partes para estos buques a GNL, etcétera. Implica la participación de distintos sectores sentados a la misma mesa y la administración de diversas herramientas del Estado para que esto sea posible.