El proyecto, que ayer tuvo media sanción en Diputados, propone la creación de un régimen especial aplicable a cualquier tipo de sociedad -existente o que se constituya en el futuro- que opte por acogerse al mismo. El objetivo es brindarle un reconocimiento legal a los emprendedores de Triple Impacto (social, ambiental y económico) que los proteja y potencie entendiendo que son un sector clave para evolucionar hacia una nueva economía más inclusiva y sustentable. Además, permite que el espíritu fundacional de la empresa perdure en el tiempo más allá de los cambios en las estructuras y equipos.

Las empresas de Triple Impacto hoy funcionan como organizaciones sin fines de lucro o sociedades comerciales, sin tener ninguna de estas formas jurídicas, y es por eso que la aprobación de la Ley BIC será un avance fundamental.

En este escenario, la Ley BIC es un régimen especial que identifica y regula empresas que integran en su negocio la creación de valor económico, social y ambiental. Su importancia radica en que estas organizaciones, entre ellas las Empresas B, son un sector clave para evolucionar hacia una nueva economía más inclusiva y sustentable.

Si bien no otorga ningún beneficio impositivo, el objetivo principal es identificar, reconocer y promover a los emprendimientos de impacto social y ambiental. Los diversos beneficios surgirán del mercado y/o de políticas que el Estado pueda implementar a través de programas de compras públicas preferenciales, facilidades de acceso al crédito o a fondos, etc.