En respuesta a los desafíos que el Sistema de Naciones Unidas ha venido planteando en el área de energía de la agenda de desarrollo, la Unidad de Energía y Agua de la División de Recursos Naturales de la CEPAL,viene implementado el llamado “Observatorio Regional sobre Energías Sostenibles” (ROSE, por sus siglas en inglés).

Se trata de un proyecto que contempla dentro de sus objetivos coordinar esfuerzos de investigación y de asistencia gubernamental para compilar y monitorear indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Lo hará mediante el desarrollo de investigaciones, reportes, capacitaciones, actividades de cooperación internacional e instancias de diálogo donde se discuten los elementos necesarios que las naciones requieren para tener éxito en sus procesos de electrificación, incorporación de energías renovables y desarrollo de planes de eficiencia energética.

La información publicada por este Observatorio es de uso regional pero de manera inicial está enfocado en Argentina, Bolivia, Cuba, Guyana, Panamá y Uruguay, en especial en aspectos relacionados con el cambio climático, la salud pública, las energías renovables, el desarrollo económico, entre otras aristas.

El informe divide el caso argentino en varios capítulos, comenzando por la situación local de la electrificación y sosteniendo que en el 2019 el país alcanzó la universalización del acceso urbano.

Sin embargo, el reporte carece de información sobre el sector rural, que tiene un déficit un 19,6% según las cifras de SIELAC-OLADE, que aseguran que en el 2019 alrededor de 537.000 personas no contaban con acceso a la electricidad.

El documento también recuerda que la Argentina poseía en el 2016 una clasificación de ingresos mediano alto. Comparado con los países de este nivel de ingreso, se evidencia que la situación a nivel rural es considerablemente menor a la media, ya que acorde a datos del Banco Mundial, en el 2016 los países del nivel de ingreso de Argentina poseían una proporción de electrificación rural de un 98,69%.

En relación a las metas de la Agenda 2030, el sector rural alcanzará la universalización si se expande la tasa de cobertura sostenidamente mediante esfuerzos que incentiven el uso de energías renovables, ya que se presume que poseen menor cobertura por el hecho de situarse en zonas de difícil acceso.

Para reducir el déficit, el reporte de la Cepal recomienda que los esfuerzos se enfoquen en las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, todas con una cobertura menor al 95% según el Censo 2010.

Otro de los indicadores medidos por la Cepal se basa en el acceso a combustibles limpios para el uso cocción, que no muestra incrementos sostenidos en la tasa de expansión.

En el 2018, aún existía un rezago del 1,6%; lo que equivale a alrededor de 700.000 personas sin acceso a CFT y se presume que esta cifra está compuesta por el rezago que existe a nivel rural.

Para mejorar la cobertura, el organismo le pide al gobierno nacional que mantenga las iniciativas que subsidian el uso de sistemas fotovoltaicos en el mercado doméstico a nivel rural.

“En este ámbito, el proyecto PERMER se ha desarrollado con mucho éxito en el país para electrificación rural con utilización de fuentes renovables de generación, principalmente fotovoltaica que tiene como objetivo resolver las necesidades de abastecimiento eléctrico de las zonas rurales, donde no es factible electrificar mediante fuentes de energía convencionales (de red), así como la provisión de agua caliente, cocción y calefacción en establecimientos públicos”, explica el paper de la Cepal.

La iniciativa se ha enfocado en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Corrientes, Santiago del Estero, Catamarca, Santiago del Estero, Chubut, Chaco, Misiones, Río Negro, Neuquén y San Juan, a las que seguirán otras a medida que se lleguen a nuevos acuerdos.

En el caso de las metas de energías renovables adoptadas por el país se expresan bajo la ley 27191, promulgada en marzo del 2016, que establece incorporar a la matriz de generación un 8% de participación de renovables.

En adición a esta ley y al igual que otros países de la región, Argentina ha recurrido a contratos mediante subastas de energía para estimular el desarrollo de proyectos de energía limpia, ofreciendo incentivos de financiamiento mediante el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER) y reembolso de impuestos.

Al ser comparado con el resto de América Latina y el Caribe, el país muestra que su porcentaje de consumo final es significativamente menor al índice global de la región.

Según la Cepal, posee un total de 4116 MW de potencia instalada en los grandes parques de energías renovables, es decir, en centrales conectadas al sistema eléctrico nacional, según datos proporcionados por CAMMESA.

Además, ha logrado disminuir la intensidad energética del sector primario a mayores tasas que el resto de la región.

Sin embargo, su índice es de 83,9 y se observa que la intensidad energética es ligeramente inferior a la media regional que es de 88,4 (kgep / Mil USD 2011 PPA).

Para duplicar la tasa de mejora de la intensidad energética, la Cepal le reclama a las autoridades que hagan esfuerzos adicionales a los que se han venido haciendo desde 1990.

Las recomendaciones del organismo al país forman parte de un documento elaborado recientemente en el cual se buscan identificar temáticas y desafíos que la Argentina y los otros países aún no han abordado en profundidad.

Se trata del tercer informe que el organismo elabora de una sucesión de documentos que se relacionan directamente a las metas del ODS 7 y que, en este caso, expone la situación de América Latina y el Caribe en materia de acceso a servicios eléctricos, energías renovables y eficiencia energética.

En el Capítulo III se analizan los países integrados en esta primera fase del observatorio, donde el énfasis está dado a la variable de garantizar el acceso universal a servicios de energía accesibles, confiables y modernos.

El objetivo central es dar cuenta de los resultados y logros del ROSE para monitorear los avances hacia una energía costeable, segura y moderna en los países monitoreados en esta etapa inicial y en el resto de la región bajo análisis.

De acuerdo con los resultados obtenidos, América del Sur, América Central y el Caribe superaron el déficit de acceso a servicios eléctricos mediante la implementación de políticas, planes y programas que acortaron las brechas urbano-rurales de electrificación, permitiendo incrementar la cobertura a una tasa de crecimiento mayor que la tasa de aumento de la población, dando cuenta de un excelente desempeño de la institucionalidad energética en la región.

En el caso de América del Sur, es la subregión que mayor electrificación ha alcanzado en términos de proporción de la población con acceso a electricidad, seguido por América Central y el Caribe.

La tendencia en las tasas de aumento de estos indicadores convocó la realización de un Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas (HLPF) para velar por el cumplimiento de la Agenda 2030, que tuvo como objetivo proponer un marco de planificación que apunte hacia la universalización del acceso, en conjunto con otras dimensiones de la sostenibilidad energética.

El informe también asegura que el déficit de cobertura en sectores de difícil acceso podría mejorar gracias a la incorporación de energías renovables, que han contribuido eficaz y eficientemente a la electrificación de zonas rurales.

Según la CEPAL, la región contaba en 2018 con fuentes renovables de energía que cubrían el 29.5% del consumo final en el 2018 mostrando una tendencia en descenso posiblemente debido a la incorporación de combustibles modernos a la matriz energética, como el gas y los biocombustibles, fuentes cuya participación han aumentado en los subsectores residenciales e industriales especialmente.

Adicionalmente, cabe señalar que el indicador de participación de energías renovables está altamente compuesto por la preponderancia de proyectos hidroeléctricos.

Según los datos recopilados por OLADE, la región contaba con una potencia instalada de energías renovables de 261,2 GW en el 2019, y una tasa que muestra incrementos significativos a partir del 2014, mayores a 5%.

Se espera que esta tendencia siga gracias a las políticas que han incorporado los países de la región como parte de las medidas que buscan aumentar la participación de energías renovables.

Un ejemplo son los mecanismos de licitación y subastas de proyectos de energías renovables anunciados por la Argentina, así como los beneficios tributarios a la importación de tecnologías de energías renovables y las depreciaciones aceleradas de activos, lo cual lleva a que la región mantenga una alta participación del 18,05%.

La eficiencia energética es otro de los aspectos abordados en las metas 2030 para el desarrollo sostenible. Para monitorearla se ha establecido el indicador de intensidad energética primaria. Es decir, el total de energía necesaria para producir una unidad de PBI.

Según el informe de la Cepal, actualmente América Latina y el Caribe cuentan con los mejores índices de intensidad energética en el mundo, pero a su vez con las más bajas tasas de mejoramiento: 0,45% anualizado debido a una caída en la inversión de proyectos y a la sustitución de la biomasa por combustibles líquidos como el gas.

“La gran disponibilidad de recursos energéticos renovables no convencionales ha inducido a los gobiernos a involucrarse activamente en la implementación de políticas públicas, que precisamente, buscan aumentar la participación de este tipo de energías motivados en parte por los propios compromisos en torno al combate y adaptación al cambio climático”, asevera el documento.

Desde esa perspectiva, se destaca el desarrollo de instrumentos de licitación y subastas, así como incentivos tributarios que han adoptado los países.

Sin embargo, la Cepal advierte que, en relación con la eficiencia energética, América Latina y el Caribe cuentan con los menores índices de intensidad energética del mundo, e incluso con las menores tasas de mejora (alrededor de 0,5% por año).

Además, la tendencia en la mejora de la eficiencia energética refleja un bajo dinamismo en los avances de los últimos 15 años y anticipa que si se mantiene la misma proyección, el ODS 7 estará en franco compromiso de no alcanzarse, ya que precisamente, un componente sustantivo de este objetivo indica que hacia el 2030 se debe duplicar la tasa de mejoría en la eficiencia energética respecto a la situación de los años 1990 al 2015.

Para la Cepal, esta situación constituye un enorme desafío, ya que las regulaciones ambientales no deben realizarse a costo de la reducción en la calidad de vida de las personas, ni menos comprometiendo la productividad de los sectores económicos.

Como propuesta que permita evitar esta negativa predicción, el organismo reclama desarrollar capacidades humanas y organizacionales para asignar eficientemente los recursos energéticos, junto con promover mayor racionalización de recursos en el sector transporte mediante el uso de fuentes de energía limpia.

Recomienda también que los organismos regionales analicen de manera sistémica indicadores de los sectores vulnerables de la población, con especial énfasis en la perspectiva de la asequibilidad energética.